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En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 16 de julio de 2025, se publicó, entre otros, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y en la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de la misma fecha, se publicó un acuerdo de la Jefa de Gobierno, denominado “Bando 1 Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”.

Ambos instrumentos incluyen diversas modificaciones legales y disposiciones que indudablemente habrán de impactar el mercado inmobiliario y desde luego, que habrá de afectar no necesariamente en forma positiva, los intereses de constructores, desarrolladores e inversionistas. Por una parte, el primero de dichos decretos establece nuevas reglas en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a actividades de Construcción, Desarrollo y Comercialización de Inmuebles, así como a la Inversión con fines de Desarrollo y Comercialización Inmobiliaria y por la otra, el segundo, amenaza con la creación de nuevos instrumentos jurídicos tendientes a evitar el denominado fenómeno de la gentrificación. Sin embargo, en ambos casos se puede desalentar la inversión en construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios y en especial de proyectos inmobiliarios para arrendamiento.

Que las modificaciones a la ley y las nuevas regulaciones que se avecinan, no lo tomen desprevenido.